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Álvaro Ramos: de “limpiar San José de gays” a la campaña de Fabricio

Le dicen Álvaro Rambo, y no es por vara. Álvaro Ramos, que debutó el fin de semana en un spot de campaña de Fabricio Alvarado, fue también el autor intelectual de uno de los capítulos más oscuros y violentos de la persecución y criminalización contra los homosexuales de Costa Rica a finales de los 80.

Cientos de personas fueron perseguidas, detenidas sin cargos en violentas redadas, forzadas a practicarse pruebas de VIH, y expuestas ante los medios de comunicación, en una serie de acciones comandadas por Ramos como viceministro de Gobernación en 1986 y 87.

“En marzo de 1987 (…) en una sola noche se detuvo a más de 1000 personas, mediante operativos realizados por funcionarios de la Guardia de Asistencia Rural de San José dirigidos en conjunto por los Viceministros de Salud y Gobernación. De esas 1000 personas detenidas solamente 350 se retuvieron por más tiempo. Entre ellas, se encuentran prostitutas y homosexuales a los que se les practican exámenes de sangre para detectar si hay SIDA.”
Se narra en “Introducción a los derechos humanos”, del académico Raymundo Brenes y publicado por EUNED en 1992.

La Nación. 14 de abril 1987. Cortesía Jose Jiménez.


Álvaro Ramos fue Viceministro de Gobernación, de 1986 a 1987, durante el primer Gobierno de Óscar Arias. Edgar Mohs era el Ministro de Salud y Hernán Garrón, Ministro de Seguridad. Esos dos años fueron “el momento cumbre” del acoso y la persecución de la comunidad GLBTI en Costa Rica, explica Jose Daniel Clarke,
activista por los derechos de las personas GLBTI.

Todas las señales dicen que Álvaro Ramos es el flamante candidato a Ministro de Seguridad de un eventual gobierno de Fabricio Alvarado. El hombre de la mano dura tenía el puesto asegurado con Juan Diego Castro, pero la semana pasada trascendió que, de cara a la 2da ronda, se pasó a la acera de Restauración Nacional. Dios los hace, y ellos se juntan.

Apenas en enero, el nombre de Ramos fue uno de los que saltó en los informes del OIJ sobre los contactos del suspendido magistrado Celso Gamboa. El OIJ detectó 186 llamadas telefónicas entre Gamboa y Ramos en poco más de un año. Son íntimos, dijo. Pero volvamos a su oscuro pasado:

“El tema de las redadas inicia con fuerza durante la segunda mitad de la década de 1980”, dice el Lic. José Jiménez, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y que ha documentado ampliamente estos hechos. Jiménez explica que la persecución y criminalización de los gays durante la gestión de Ramos, alcanzó ese punto climático en el 87 impulsada por la epidemia del VIH: “En ese año la dinámica del VIH/Sida cambia en Costa Rica, el mayor número de personas portadoras del virus pasa del grupo de los hemofílicos al de los hombres homosexuales, y ese cambio provoca que diferentes entes estatales refuercen las políticas persecutorias”, concluye.

Esto escribió en su columna de La Nación, el periodista Edgar Espinoza, el 31 de marzo de 1987:

“Por un lado, don Álvaro Ramos, viceministro de Gobernación, ha hecho dos operativos fulminantes en el lapso de dos semanas para desarticular las bandas de homosexuales que noche a noche se concentran en bares, discotecas, centros de masaje, tabernas y prostíbulos encubiertos. Sus relatos sobre tales incursiones en el San José negro y borrascoso le ponen a cualquiera la piel de gallina. Él mismo se quedó perplejo al descubrir que en una zona muy reducida funcionaban a todo vapor seis discotecas de homosexuales, en las que sorprendió a decenas de parejas de hombres bailando apretada y entusiasmadamente la música más exótica del momento”.

La Nación. 31 de marzo 1987. Cortesía Jose Jiménez.


“Estas acciones represivas fueron tantas que llevaron a la publicación de la llamada Carta del 5 de Abril’, recuerda Clarke. Se refiere a una carta abierta publicada en La Nación el 5 de abril de ese año 87, y firmada por académicos e intelectuales, entre ellos, Quince Duncan, Elizabeth Odio y Víctor Hugo Acuña, y considerada un parteaguas en la historia de los Derechos Humanos de las minorías de la diversidad sexual.

“Las redadas nocturnas, indiscriminadas, vejatorias e infamantes no constituyen ninguna medida preventiva del sida, y sí lesionan garantías constitucionales básicas de los costarricenses. Tampoco los exámenes obligatorios por decreto son medidas preventivas adoptadas en ningún país y también son discriminativas (sic)”, decía el documento, citado por La Nación en 2014.

Como resultado del manifiesto, el propio periódico reaccionó respaldando las acciones de los ministerios de Seguridad y Salud, en un vergonzoso editorial dos días después, el 7 de abril:

“…no deben tampoco desalentar a las autoridades de los Ministerios de Seguridad Pública, de Salud y de Gobernación, en su labor de adecentamiento y saneamiento, moral y físico, de nuestras ciudades, en especial de San José”, editorializó La Nación, citada por Jiménez en “La criminalización de la diversidad sexual y el inicio del activismo gay en Costa Rica, 1985-1989


Después de la opresión

Lamentablemente, la criminalización de la homosexualidad no terminó con la gestión de Álvaro Ramos. “Se podría decir que en los 90s se intensificó en varios escenarios”, recuenta el profesor Jiménez. “Uno que tiene relación directa con el tema de la seguridad se dio en agosto de 1993 cuando el Ministro de Gobernación y Policía, Luis Fishman, dio unas declaraciones en donde dejaba claro que no iba a permitir que personas “con desviaciones sexuales” trabajaran para los ministerios que tenía a su cargo, e incluso fue respaldado por el director del OIJ de ese entonces y por los precandidatos presidenciales Juan José Trejos y José Miguel Corrales”.

Precisamente en agosto de 1993, mediante la sentencia 03761-93, la Sala Constitucional sentó jurisprudencia sobre las redadas policiales. “…estima la Sala que la Constitución Política no autoriza los arrestos genéricos e indiscriminados, sino los claramente definidos y previa comprobación del indicio sobre la comisión del hecho”, sentenciaron los Magistrados.

“Impactos hay muchos, desde las secuelas físicas y psicológicas por violencia policial, hasta la violación de los derechos de expresión, asociación y reunión”, dice Clarke.

En su artículo académico, Jiménez coincide: “El análisis de esos años tan convulsos permite ver que la violencia material y discursiva dio como resultado dos procesos paralelos: por un lado, puso el tema de la homosexualidad en el debate público como nunca antes lo había estado, y por el otro, fue el catalizador que permitió la organización incipiente del activismo gay en Costa Rica”.


La Restauración de Ramos

Foto: Semanario Universidad

Todos estos antecedentes ofrecen una luz para entender la asociación de Ramos con Restauración Nacional. La agenda abiertamente discriminatoria del partido de Fabricio Alvarado contra las minorías GLBTI ha quedado evidenciada en los últimos días. A pesar de las rectificaciones y las disculpas, conforme pasan los días hemos conocido más hechos ocurridos durante los últimos meses y años, que permiten constatar que el desprecio por las minorías GLBTI está en el ADN de la organización política.

La incorporación de Ramos en un puesto clave como el Ministerio de Seguridad “sería muy coherente con lo que Restauración Nacional ha planteado”, opina Clarke. “Me confirma que sería un gobierno sin respeto alguno por la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales”, concluye.

Para Jiménez, “en cierta forma, lo que está sucediendo ahora es similar a lo que pasaba durante la década de 1980: una mezcla de política y sexualidad que deriva en una sociedad polarizada”.

Foto de portada: La República. Agradecimiento a Delfino.cr

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